Ingresar
30/6/2025
  • Imprimir
  • Compartir en Facebook
  • Compartir en X
  • Compartir en WhatsApp
  • Compartir en WhatsApp
  • Enviar por mail

BPS presenta medidas para mejorar la gestión de trámites y reducir la cantidad de expedientes atrasados

El Banco de Previsión Social pone en marcha un conjunto de medidas concretas para mejorar la gestión de los trámites de prestaciones, tras un diagnóstico que identificó un crecimiento sostenido del stock de expedientes en los últimos años y demoras prolongadas en su resolución.

La presidenta del BPS, Jimena Pardo, anunció que desde la asunción del nuevo directorio del organismo se está trabajando en una serie de medidas que se implementarán para reducir las demoras en los trámites. Estas medidas fueron identificadas tras un diagnóstico realizado en los primeros tres meses de su gestión. “A las personas no les tiene que importar la situación en la que nos encontramos, sino cómo la vamos a arreglar”, afirmó, y destacó que se está trabajando intensamente para resolver el atraso acumulado y mejorar la atención a los usuarios. Las nuevas acciones comenzarán a aplicarse en julio, con el objetivo de brindar respuestas más ágiles y efectivas a la población.

“Básicamente estamos hablando de atrasos en prestaciones, jubilaciones, pensiones y otras prestaciones no contributivas. La situación que tenemos es que, a raíz de un modelo de atención que se implementó en el periodo pasado, hoy tenemos un stock de 58.000 trámites prestacionales, de los cuales el 32 % tiene una antigüedad de más de un año, y menos del 24 % tiene una antigüedad menor a 90 días. Esto impacta bastante en las personas y, por tanto, la idea es tomar acciones rápidas de cómo revertir esta situación”, dijo Pardo.

La presidenta expresó que entre 2021 y 2024, el número de expedientes vinculados a jubilaciones, pensiones por sobrevivencia y otras prestaciones no contributivas creció de forma significativa. En Montevideo, los trámites de jubilación más que se duplicaron, incrementándose un 117%, y en el interior del país, un 82%.

Este aumento está directamente relacionado con la implementación de un modelo de atención que no fue evaluado a la luz de las capacidades operativas reales del organismo, particularmente en cuanto al número de funcionarios capacitados para resolver los trámites, ni contempló mecanismos para fortalecer su formación continua, especialmente en etapas más administrativas y estandarizadas.

Como consecuencia, el modelo generó un volumen creciente de expedientes sin resolver. En 2024, se resolvieron 80.885 trámites de prestaciones, lo que representa el 80% del total ingresado ese año. Al 31 de mayo de 2025, el stock total de trámites en curso superaba los 58.000. De ellos, solo el 24% tiene una antigüedad menor a tres meses, mientras que un 32% tiene más de un año de antigüedad.

Actualmente, los tiempos promedio de resolución de algunos trámites sensibles son superiores a los seis meses:

  • Jubilación con cese de actividad: 201 días.
  • Jubilación por incapacidad o Subsidio transitorio por incapacidad parcial (STIP): 252 días.
  • Pensión por invalidez: 189 días.
  • Pensión por vejez: 210 días.

Las medidas que se implementarán en el corto plazo con impacto directo son:

  • Contratación de 12 médicos adicionales bajo el régimen de arrendamiento de obra para agilizar las juntas médicas en trámites especialmente sensibles como jubilación por incapacidad, STIP o pensión por invalidez
  • Reducción de plazos para la evaluación médica en jubilaciones por incapacidad, eliminando partes del trámite que se detectaron como redundantes.
  • Nuevo criterio de análisis inmediato para trámites de jubilación común.
  • Plan piloto para brindar estimación jubilatoria en el momento a quienes cumplen los requisitos y están en actividad.
  • Creación de equipos de alto rendimiento, dedicados especialmente a la gestión de trámites sensibles, con el objetivo de resolver casos que llevan un prolongado tiempo en espera y reducir el stock de expedientes acumulados.
  • Para las pensiones por vejez e invalidez se está trabajando en que sean más compresibles para los usuarios y que se les informe del estado del proceso, simplificándolo y generando menos gestiones por parte de las personas.

Como reflejo del compromiso con la mejora de la gestión, para este año se definieron metas institucionales que alinean los esfuerzos de todo el organismo en torno a objetivos concretos y medibles. Algunas de estas son reducir un 25% el stock de casos en proceso de valoración de incapacidad respecto al cierre de 2024, reducir un 20% el stock de trámites activos, eliminar formularios redundantes y desarrollar aplicativos digitales que simplifiquen la gestión interna de los expedientes.

En este marco y de acuerdo a los objetivos planteados, ya se conformó un grupo de trabajo para transformar el modelo de atención actual. El equipo elaboró un primer diagnóstico e identificó cambios necesarios, junto a posibles acciones de corto y mediano plazo. Por su parte, las áreas de Prestaciones y Salud están implementando mejoras en los procesos, optimizando los recursos humanos y tecnológicos disponibles, dentro de la normativa vigente.

Además, se está avanzando en un plan de trabajo para todo el período, con foco en simplificar los trámites, hacerlos más accesibles y comunicar sus resultados de forma clara y empática. En ese sentido, se priorizará la segmentación de públicos para mejorar la atención presencial y telefónica, y se impulsará la innovación tecnológica aplicada a la gestión interna del organismo.