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El lunes 4 de agosto, autoridades de ANEP, MIDES, MEC, BPS e INAU informaron en conferencia de prensa que 2.246 niños, niñas y jóvenes volvieron al sistema educativo a partir de la estrategia interinstitucional de revinculación educativa.
Esta estrategia se realizó con el propósito de garantizar el derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes de todo el país y la primera etapa se desarrolló durante el mes de julio.
Los datos que se presentaron surgen del trabajo realizado entre varias instituciones que establecieron criterios de búsqueda de quienes, por distintos motivos, dejaron de asistir a sus centros educativos de referencia.
Participaron de la conferencia la presidenta del BPS, Jimena Pardo; el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila; el presidente de la ANEP, Pablo Caggiani; la presidenta del INAU, Claudia Romero; la directora sectorial de Integración Educativa de la ANEP, Gabriela Pérez; la gerenta del Área de Promoción Sociocultural del MIDES, Laura Voituret; y Ramiro Pallares, de la dirección de Educación del MEC.
Pablo Caggiani afirmó que durante el pasado mes los equipos procuraron vincularse con esas familias, y colectar cuáles eran las situaciones que hacían que no participaran del sistema educativo. “Esto nos permite conocer un conjunto de cuestiones que son necesarias de modificar en la política educativa y en la construcción social para garantizar el derecho a la educación. También nos permitió revincular a un conjunto importante de estos gurises a propuestas educativas”, destacó.
El Estado manejaba una preocupante cifra de 5.382 niños, niñas y adolescentes en edad de educación obligatoria que están desvinculados de la educación. De esa cantidad, hoy se revincularon 2.246. Pablo Caggiani expresó que esto plantea un desafío: “para nosotros es una muy buena noticia que casi la mitad haya vuelto, pero nos preocupa y ocupa la otra parte. Seguiremos buscando a cada estudiante para que efectivamente concurran a clase”, afirmó.
Además, señaló que los 2.246 es un número que conforma en términos relativos porque la educación es un derecho que debe estar garantizado. Por otro lado, hoy se cuenta con mayor información que al comienzo de la estrategia y, por tanto, con más elementos para profundizar en este trabajo.
La realidad también indica que a pesar de los esfuerzos realizados, 3.136 van a dejar de percibir las Asignaciones Familiares al no cumplirse el primer requisito para cobrarlas que es estar asistiendo a un centro educativo. Más allá de que se trata de un mínimo histórico hay que seguir estudiando la distribución de los casos según edad y lugar. En algunos casos, se identificaron mejoras posibles en los registros del Estado que aún se tienen que seguir consolidando, mientras que en un alto porcentaje de esos jóvenes se encontraron situaciones complejas de desigualdad y exclusión. Es por esto que hay que seguir afinando propuestas educativas que contemplen aquellas situaciones que hoy el sistema no cobija.
El derecho a la educación es el principio rector de las políticas educativas: más y mejor educación pública seguirá siendo la forma de no dejar a ningún niño, niña o adolescente al borde del camino.
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