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El Estado despliega por segundo año consecutivo una estrategia interinstitucional para fortalecer la revinculación educativa de niños, niñas y adolescentes. La iniciativa articula acciones territoriales y de protección social para acompañar el retorno y la permanencia en el sistema educativo, con la participación de ANEP, Mides, INAU, INISA, MEC y BPS, entre otros organismos.
La estrategia está destinada a identificar, contactar y acompañar a niños, niñas y adolescentes que han interrumpido su vínculo con el sistema educativo. La iniciativa comenzó a implementarse en 2025, se fortalece durante 2026 y parte de la convicción de que los centros educativos constituyen espacios fundamentales para la protección y el ejercicio efectivo de derechos. Por ese motivo, los equipos técnicos y educativos realizan acciones de cercanía en el territorio para localizar a quienes se encuentran desvinculados y generar las condiciones necesarias para su retorno y permanencia en los procesos educativos.
Durante 2026 se incorporaron mejoras que fortalecen la coordinación entre instituciones y permiten una intervención más integral. Entre ellas, se destaca la aplicación de un nuevo instrumento de relevamiento que recoge información más completa sobre las circunstancias y factores asociados a la desvinculación educativa. Esta herramienta permitirá comprender mejor las trayectorias de niñas, niños y adolescentes y diseñar respuestas cada vez más ajustadas a sus necesidades.
La iniciativa refleja una concepción de corresponsabilidad social e institucional en torno al desarrollo de las infancias y adolescencias. Desde esta perspectiva, el Estado asume un papel activo en la búsqueda de quienes han quedado fuera de los ámbitos educativos y, muchas veces, también lejos de otras redes de protección y acompañamiento.
En este marco, el BPS contribuye a la estrategia mediante mecanismos que promueven la continuidad educativa vinculada al acceso a las prestaciones familiares. Las personas responsables de niños, niñas y adolescentes que perciben Asignaciones Familiares pueden consultar y presentar la constancia de asistencia educativa a través de los servicios habilitados por el organismo. Asimismo, hay una estrategia de comunicación a cada familia, así como difusión en la página institucional y las redes del instituto.
La articulación entre educación, protección social, acompañamiento territorial y acceso a prestaciones constituye uno de los pilares de esta política pública, orientada a fortalecer las trayectorias educativas y a garantizar mejores oportunidades de desarrollo para niñas, niños y adolescentes en todo el país.
La estrategia se inscribe, además, en una visión integral de la protección social, que procura combinar transferencias monetarias, acceso a servicios y dispositivos de acompañamiento, reforzando las capacidades de las familias y contribuyendo al ejercicio efectivo de derechos.
Para las instituciones participantes, la permanencia educativa es una condición fundamental para la inclusión social y el desarrollo. Por ello, el trabajo coordinado entre organismos seguirá profundizándose, con el objetivo de llegar oportunamente a quienes más necesitan apoyo y generar respuestas integrales desde la cercanía y el territorio.
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